El domingo 30 de enero de 1972, las tropas británicas masacraban a los participantes en una manifestación pro-derechos civiles en Derry (Irlanda del Norte). Con 14 muertos y 30 heridos, la matanza fue conocida como Bloody Sunday (Domingo Sangriento). A raíz de aquello, muchos vecinos de la ciudad, principalmente jóvenes, abandonaron el movimiento que luchaba pacíficamente contra los abusos cometidos por los británicos en el Ulster y se pasaron directamente al IRA.
El jueves 24 de septiembre de 2020, los vecinos de Vallecas, hartos de la nefasta política sanitaria de la Comunidad de Madrid que había dejado el barrio como la zona con mayor incidencia de coronavirus de Europa occidental, se rebelaban contra una nueva medida de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tan ineficaz como injusta: confinar varias zonas de Vallecas, impidiendo la entrada y salida excepto para ir a trabajar y poco más, mientras otros barrios de Madrid continuaban con su vida normal pese a tener también tasas de incidencia preocupantes.
Las manifestaciones, exigiendo más personal sanitario en los centros de salud del barrio, más camas en los hospitales, más rastreadores y mayor frecuencia de paso en los convoyes de Metro que acabara con la saturación en andenes y vagones, se habían celebrado de manera pacífica durante cuatro días. Pero ese jueves, la concentración de vecinos de Vallecas a las puertas de la Asamblea, el Parlamento autonómico madrileño, sita en Entrevías, fue disuelta a palos por los antidisturbios de la Policía Nacional, dependiente del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco –a la sazón también secretario general del PSOE en Madrid- y, en última instancia, del ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska.
“Nos dejan morir sin tomar medidas, nos encierran y, cuando protestamos, nos apalean y nos detienen”. Ese era el sentir de los vecinos de Vallecas esa noche de un Bloody Thursday, un Jueves Sangriento que sin tener la gravedad de aquel Bloody Sunday de Derry, afortunadamente para los manifestantes, sí se asemejaba a aquel en lo que tenía de punto de inflexión. Fue un día de toma de conciencia para muchos de que la salud y la justicia, digan lo que digan los que mandan, sí van por barrios; de hartazgo ante unas instituciones públicas que han ignorado olímpicamente los sufrimientos de los barrios del Sur de Madrid, los sociales y los económicos y ahora también los sanitarios; de desilusión máxima al comprobar que la policía pega igual con el PP que con los “socialcomunistas” en el Gobierno.
Las dos primeras quejas, la deficiente respuesta sanitaria y el confinamiento perimetral, iban contra la Comunidad de Madrid, en manos del PP. Pero los palos eran negociado del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, el “más progresista de la historia” según sus integrantes. Abandonados y maltratados por sus tradicionales enemigos de clase, algo esperable al fin y al cabo, los vecinos del Sur eran para colmo aporreados por policías mandados por los que, supuestamente, son los suyos. ¿Cuál fue la respuesta de los partidos que conforman el Gobierno de coalición? En el caso del PSOE, silbar mirando para otro lado. En el de Podemos, criticar las cargas sin señalar a los responsables o, en los casos más lamentables, culpar a Díaz Ayuso, que no posee competencia alguna sobre la Policía Nacional, tomando por imbéciles a aquellos a los que supuestamente habían venido a defender en el Parlamento.
Un mes después, y con un confinamiento ampliado y un estado de alarma mediante, la situación no ha cambiado para los barrios y pueblos más pobres de Madrid. Escasez de recursos sanitarios, mala atención, un transporte público peligrosamente saturado y un imaginario alimentado por la derecha madrileña y sus medios afines que señala con el dedo a los vecinos como culpables de su situación. Era difícil de creer que el PP, Ciudadanos y Vox fueran a tomar medidas para proteger a aquellos a los que desprecian, cuando no odian, profundamente: a los trabajadores, a los inmigrantes, a los pobres, a los que viven al Sur y al Este de la M-30. Pero, ¿y la izquierda?
Más allá de discursos vacíos y tuits redundantes, ni PSOE ni Podemos han movido un dedo para pararle los pies al demencial tándem Ayuso-Aguado. La oposición de Ángel Gabilondo e Isabel Serra en Madrid sería de chiste si no estuviera en juego algo tan serio como la salud y la vida de sus habitantes. Únicamente Más Madrid, con la médico Mónica García al frente, ha batallado contra las políticas sanitarias de la CAM, con más pasión que éxito, todo hay que decirlo.
Cuestión no muy distinta es la del Gobierno central. Salvo la aplicación del estado de alarma y el cierre de municipios en Madrid a mediados de octubre, una medida más efectista que efectiva, la reacción del Gabinete Sánchez-Iglesias ante los desmanes de Ayuso ha sido nula. Ni presión, ni intervención, ni investigación, sólo laissez faire, laissez passer, al más puro estilo de ese liberalismo al que tanto dicen denostar. Permitir a Ayuso un cierre a la carta es la (pen)última decisión en esta línea de abandonar Madrid a su suerte, consintiendo a la presidenta llevar a cabo sus desquiciadas políticas sanitarias aunque se lleven a 70.000 personas por delante.
Se diría que la estrategia de Sánchez e Iglesias es convertir a Ayuso en una nueva Puigdemont, siguiendo la estrategia del PP en 2017: renunciar a Cataluña para ganar votos en el resto de España alimentando la catalanofobia. La jugada les salió bien a medias, ya que parte de las nueces las ha recogido Vox. Pero PSOE y Podemos parecen dispuestos a permitir a Ayuso que haga lo que le dé la gana, hinchando el globo para presentarla ante el resto de España como ejemplo de lo mal que nos iría si el PP estuviera en la Moncloa, alimentando de paso la madrileñofobia y el miedo a los populares para ganar o mantener votos en Andalucía o Valencia. Eso explicaría también por qué Más País, un partido centrado en Madrid y con presencia casi nula en el resto del Estado, sí está dando la batalla en la comunidad.
¿Qué quieren que hagan entonces los vecinos de Vallecas, de Villaverde, de Alcorcón o de Parla? Que sigan votándoles porque se supone que ellos son “los suyos”, aunque uno sólo pise el Sur en campaña y el otro saliera pitando a la sierra noble en cuanto ganó algo de pasta. Que les aplaudan porque ellos son el escudo que defiende a los pobres contra la amenaza de la ultraderecha, aunque en realidad mandan a su policía a escoltar a los ultraderechistas en Núñez de Balboa y a sacudir a los pobres cuando protestan. Que pongan la cara contra Ayuso, mientras ellos permiten y protegen todas sus tropelías.
De lo último, que no tengan duda. Los barrios y pueblos obreros de Madrid seguirán peleando contra sus enemigos de clase. Dudo mucho de que la gente que se manifiesta pidiendo unos servicios públicos decentes vote algún día a Vox. Pero no sé si les quedarán ganas de votar a PSOE o Podemos otra vez después de esta ignominiosa inacción ante la política criminal de la derecha. Ambos están cavando su propia fosa en Madrid. Maltratar a los tuyos para proteger a los otros implica perder a los primeros sin ganar nunca a los segundos.
